“Pero las palabras arden: como un sonido más allá de todo sentido, con un fulgor y hasta con un peso especialísimo”, Gonzalo Rojas

SIN MIEDO A NADA

El proceso de desafuero iniciado contra Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, ha encendido un nuevo episodio de tensión en la política de Sinaloa.

La solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) para retirarle el fuero y procesarlo por presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas —por un monto superior a 171 millones de pesos— no solo tiene consecuencias legales, sino profundas implicaciones políticas.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó que el contrato de arrendamiento fue adjudicado directamente a la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V., sin licitación pública ni justificación legal, lo que dio pie a la denuncia penal.

Cabe destacar que esta empresa ya había estado involucrada en una polémica similar en el municipio de Culiacán, lo que complica aún más la percepción del caso.

En este contexto, Vargas Landeros ha defendido su actuación y ha llamado a que el proceso sea manejado con responsabilidad, asegurando:

"Yo estoy muy tranquilo. Confío en que las autoridades actuarán conforme a derecho. No he cometido ningún delito y mi administración ha sido siempre apegada a la legalidad", señaló en declaraciones públicas.

El alcalde también ha apelado a la confianza de la ciudadanía

"Que no se dejen llevar por especulaciones; todo estará claro a su tiempo", enfatizó.

La historia reciente en Sinaloa enseña que procesos de desafuero contra alcaldes han tenido un fuerte componente político.

Casos como el de Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán, y Jesús Estrada Ferreiro, exalcalde de Culiacán, son ejemplos claros.

Ambos, tras ser retirados de sus cargos, señalaron que su desafuero no fue estrictamente jurídico, sino que obedeció a intereses políticos superiores.

Benítez Torres denunció en su momento presiones por parte de grupos de poder tras enfrentamientos con instancias estatales, mientras que Estrada Ferreiro acusó directamente a altos mandos estatales de buscar su salida para controlar políticamente el municipio.

La forma en que fueron procesados sus casos dejó una percepción de instrumentalización de la ley para fines políticos.

En este sentido, el caso de Ahome podría seguir una ruta similar, más aún cuando se desarrolla en un año de alta sensibilidad política por los procesos electorales venideros.

La ciudadanía, ya de por sí escéptica frente a las instituciones, observa con atención si realmente se está ante un acto de justicia o una maniobra de control político.

Diversos sectores empresariales y ciudadanos han pedido que el caso de Vargas Landeros sea tratado con objetividad.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Los Mochis ha llamado a evitar que el proceso se politice, y agrupaciones como Vigilantes Ciudadanos han exigido imparcialidad en las investigaciones.

El desafío para las instituciones es doble: actuar con firmeza ante posibles actos de corrupción, pero también garantizar que el proceso sea impecablemente legal y libre de tintes políticos. De no hacerlo, se corre el riesgo de repetir un patrón que solo debilita el estado de derecho y profundiza la desconfianza ciudadana.

El caso de Gerardo Vargas Landeros no solo pondrá a prueba su administración, sino también a las instituciones que dicen defender la legalidad y la justicia en Sinaloa.

MORDER LA MANO

En Guasave se ha confirmado, una vez más, que las formas importan más que el fondo cuando de aparentar legalidad se trata.

A pesar de las evidencias y el clamor ciudadano, el municipio dio carpetazo a la denuncia de nepotismo que señalaba a familiares directos de funcionarios ocupando cargos públicos en la administración de la alcaldesa Cecilia Ramírez.

El dictamen oficial concluyó que no existe ninguna irregularidad, a pesar de que la percepción pública y los hechos documentados apuntaban en dirección contraria.

El síndico procurador Fred Flores Rubio y el titular del Órgano Interno de Control, Marco Antonio Báez, afirmaron que, tras una "exhaustiva investigación", no se encontró responsabilidad alguna en los funcionarios señalados. Sin embargo, lo que debería ser motivo de tranquilidad para la ciudadanía ha causado, en realidad, mayor indignación.

El manejo político del caso fue evidente. Se habla de una comida previa con regidores, donde se les adelantaron las conclusiones y se les pidió, tácitamente, su aval.

Esta práctica revela un viejo vicio de la política: la operación interna para validar decisiones ya tomadas, disfrazadas de procesos institucionales.

Más allá de lo que digan los documentos oficiales, para la ciudadanía de Guasave el nepotismo es un hecho conocido y comentado en cada rincón.

La presencia de hijos, compadres, yernos, hermanos e incluso otros parientes cercanos en posiciones clave de la administración municipal no es una percepción: es una realidad.

Aunque jurídicamente pueda sostenerse que, bajo ciertas figuras, se permiten contrataciones de familiares si no existe subordinación directa, el debate ético y político sigue abierto: ¿es correcto que una administración pública, cuyo deber es servir a todos por igual, privilegie a los familiares de quienes detentan el poder?

La resolución de este caso reafirma una preocupante constante en la vida pública de Sinaloa y México: la impunidad institucionalizada. Más allá de los tecnicismos legales, el verdadero daño es a la confianza ciudadana.

Cuando la autoridad se absuelve a sí misma de prácticas cuestionables, envía un mensaje devastador: en el servicio público, lo importante no es actuar correctamente, sino saber protegerse políticamente.

Y como si fuera poco, queda pendiente la investigación sobre la directora de Immujeres, también señalada por mal manejo de recursos.

Si el caso del nepotismo terminó en exoneración, pocos dudan que este expediente seguirá el mismo camino, coronando un esquema de impunidad que parece blindado contra cualquier intento de rendición de cuentas.

La administración municipal de Guasave podrá sostener que actuó conforme a derecho, pero la batalla por la credibilidad la tiene perdida.

Hoy, más que nunca, la ciudadanía percibe que en Guasave, la ley se interpreta a conveniencia y que la protección de intereses familiares y políticos sigue estando por encima del servicio público.

En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, decisiones como esta sólo profundizan el desencanto y la distancia entre el poder y la gente.

ASIGNATURA PENDIENTE

El incremento en el padrón de niñas, niños y adolescentes beneficiarios del programa de apoyo económico para hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio en Sinaloa refleja una realidad alarmante: la violencia de género sigue dejando profundas secuelas no solo en quienes la sufren directamente, sino en sus familias y entornos más cercanos.

Hasta el segundo bimestre de 2025, la Secretaría de las Mujeres reportó 251 menores inscritos en este programa, seis más que a principios de año. Aunque la cifra puede parecer modesta, cada número representa una vida marcada por la pérdida y el trauma, una vida que ahora depende del acompañamiento institucional para reconstruirse.

El trabajo que encabeza Ana Francis Chiquete Elizalde es crucial: no basta con entregar apoyos económicos, sino que se requiere un acompañamiento integral que considere la salud emocional, la permanencia escolar y el entorno familiar de las víctimas indirectas. La decisión de incluir a las personas cuidadoras en la atención psicológica demuestra una comprensión más profunda del fenómeno: el feminicidio no rompe solo a la víctima directa, sino que fragmenta a toda una red familiar.

Sin embargo, el reto es enorme. El presupuesto de 9 millones de pesos asignado para 2025 —orientado a beneficiar a 300 menores— podría resultar insuficiente si se mantiene la tendencia actual de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. En los primeros meses del año, 19 mujeres han sido asesinadas, 12 de estos casos clasificados como feminicidios, una cifra que, de continuar, presionará aún más el sistema de apoyo.

Este escenario plantea una doble exigencia para el Estado: fortalecer los programas de atención a las víctimas indirectas y, al mismo tiempo, redoblar los esfuerzos en la prevención de la violencia feminicida.

La atención a la infancia afectada por el feminicidio no puede ser una acción secundaria; es un componente central en la reconstrucción del tejido social.

Sinaloa enfrenta una dura prueba: atender a las víctimas del presente mientras intenta construir condiciones que garanticen que estos horrores no sigan repitiéndose en el futuro.