La elección judicial celebrada en México el 1 de junio de 2025 tenía un propósito ambicioso: devolver al pueblo el control sobre uno de los poderes más opacos y cuestionados del Estado. Sin embargo, el resultado ha sido el opuesto. Lejos de consolidar un Poder Judicial independiente, técnico y confiable, el experimento ha derivado en un ejercicio de legitimación política sin sustancia institucional.
El veredicto de la ciudadanía: abstención masiva
La cifra habla por sí sola: menos del 13% del padrón electoral participó en la jornada. Nunca en la historia contemporánea de México se había registrado una participación tan baja en un ejercicio de alcance nacional. Este dato no es menor ni puede maquillarse con justificaciones triunfalistas. Revela un rechazo silencioso pero poderoso al proceso, una muestra clara de que el pueblo no avala reformas que no entiende ni siente como propias.
La razón principal es evidente: no hubo información suficiente sobre los candidatos, ni sobre sus trayectorias, ni sobre los alcances reales del voto. Sin información, el voto se transforma en una ruleta, no en un acto democrático.
Entre la prisa política y la debilidad institucional
La reforma fue diseñada y ejecutada en un plazo corto, con escaso debate legislativo y con una campaña de difusión apresurada. El Poder Legislativo impuso una transformación de gran calado sin construir los cimientos mínimos: capacitación ciudadana, filtros técnicos, reglas de equidad y mecanismos de control confiables.
Así, el país pasó de un sistema de designación elitista —ciertamente cuestionable— a un proceso electoral contaminado por la improvisación. En lugar de corregir una disfunción, se introdujo otra más peligrosa: la posible cooptación del Poder Judicial por intereses populistas o incluso del crimen organizado.
¿Justicia democrática o justicia vulnerable?
Las advertencias no tardaron en llegar. La Organización de Estados Americanos, organismos de derechos humanos y juristas independientes señalaron que someter a voto popular cargos judiciales podría comprometer la imparcialidad de los jueces. Cuando un magistrado depende de la popularidad o del respaldo de una facción política para llegar al cargo, ¿cómo podrá actuar con independencia frente a sus electores o patrocinadores?
Este modelo no empodera al ciudadano, sino que debilita a los jueces. Y en un país con elevados índices de impunidad, crimen organizado y presión mediática, eso puede ser letal para la impartición de justicia.
El autoengaño oficial
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la elección como un “éxito rotundo” por haber reunido 13 millones de votos, la realidad es que esos sufragios representan una minoría absoluta. Comparar esa cifra con elecciones anteriores no cambia el hecho de que la mayoría del país no participó, y que, por tanto, los nuevos jueces y magistrados inician sus funciones sin el respaldo legítimo de una ciudadanía activa e informada.
El problema no es que haya habido pocos votos; el problema es que hubo mucho silencio. Y ese silencio debe escucharse con atención.
Conclusión: justicia sin sustento, democracia sin profundidad
La elección judicial de 2025 pasará a la historia como una lección amarga sobre los límites del voluntarismo político. Reformar el Poder Judicial no es malo per se. Lo grave es hacerlo sin método, sin conciencia institucional, sin participación informada y sin escuchar a quienes más conocen de derecho y justicia.
En el fondo, esta elección no acercó la justicia al pueblo: solo le cambió el ropaje a un viejo problema. Y cuando la justicia se convierte en una fachada electoral, es el Estado de Derecho el que empieza a resquebrajarse.
México merece una justicia transparente, accesible y sólida. Pero no la encontrará en las urnas, sino en la construcción paciente de instituciones que inspiren confianza, no solo votos.
CPC, MI y LD Gilberto Soto Beltrán
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